México aprueba la carcel preventiva para los acusados de corrupción, delitos electorales y robo de combustible

El Congreso mexicano suma nueve delitos al muestreo de crímenes graves más allá de las críticas de los profesionales sobre la violación a la presunción de inocencia

El partido de Andrés Manuel López Obrador volvió a enseñar su poderío político. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que tiene mayoría en el Congreso, sacó adelante la noche del martes en la cámara baja una reforma constitucional que suma nueve delitos al muestreo de crímenes que ameritan carcel preventiva automática. La reforma fué aprobada en diciembre por el Senado, pero fué discutida desde ese momento por por lo menos 70 profesionales que desfilaron frente el Parlamento para mostrar sus visualizaciones a un dictamen que establece la medida cautelar de manera obligatoria para los delitos de corrupción, la utilización de planes sociales con objetivos electorales y el robo de combustible, etc.

“Restablecer la paz social”. Esa fué la consigna del Gobierno de Morocha para fomentar la reforma del artículo 19 de la Constitución tras seis horas de profundo enfrentamiento en la cámara de diputados. El oficialismo justificó la iniciativa en la necesidad de ofrecer al Ministerio Público utilidades para batallar el delito. La oposición, adjuntado con numerosas organizaciones como el Prominente Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fué crítica con la modificación porque creen que esta puede violar la presunción de inocencia.

La reforma tiene dentro, además de los delitos descritos, el abuso o crueldad sexual contra inferiores, el feminicidio, el robo al transporte de carga, el robo a una casa, la ausentación obligada de personas y posesión de armas de fuego de uso único del Ejército. Con esta modificación, el juez va a tener la obligación de enviar a la prisión a cualquier persona que sea acusado de estos delitos sin derecho a fianza. El muestreo de delitos graves ya se encontraba que viene dentro por delincuencia estructurada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas o atentado contra la seguridad nacional.

“Es muy grave y muy alarmante esta reforma”, afirma el abogado Gonzalo Alanis Figueroa, integrante del Colegio de Abogados mexicano y uno de los expositores que pasaron por el Congreso. “Tendremos un sistema judicial con puntos más inquisitorios. Con una exploración mínima, un indicio razonable o un fácil señalamiento, la multitud puede finalizar privada de su independencia a lo largo de dos años”. La más reciente encuesta sobre población carcelaria del Centro Nacional de Estadística y Geografía dijo que en 2016 una tercera parte de los presos en México no poseían una sentencia condenatoria. Alanis alerta que la simplicidad para encarcelar a alguien podría finalizar desmotivando las indagaciones policiales y judiciales.

Incontables profesionales que se posicionaron en contra del emprendimiento del Gobierno han indicado además que la utilización de la carcel preventiva automática tiene relación a regímenes autoritarios y no democráticos. “Es una figura habitual en regímenes autoritarios donde no hay distingue entre las autoridades que investigan y las autoridades que sentencian, donde no hay independencia judicial y la gente están expuestas al ejercicio arbitrario del poder. En un estado democrático de derecho se cree que la privación de independencia es una medida excepcional”, había advertido Jan Jarab, gerente de la ONU en México, en un medio local.

La reforma constitucional supone un “castigo anticipado” que podría finalizar provocando un encontronazo negativo en la incorporación popular, enseña Fernanda Dorantes, directora jurídica de Reinserta, una organización civil encargada de proteger los derechos de la gente en carcel. “Es una política totalmente demagoga y absurda, que no va a tener ninguna implicación en la reducción de los delitos”, dice.

Las consecuencias además las sufrirán las prisiones del país, apunta Dorantes. “El sistema carcelario en México no posee las condiciones para ofrecer un trato diferenciado a personas que están sometidas a desarrollo y a personas condenadas. Y esto quiere decir ofrecer un una lástima anticipada a quienes no estén sentenciados”, relata.

El enfrentamiento de la reforma del artículo 19, adjuntado con el de la Guardia Nacional, han animado en el Congreso la controversia acerca de cómo México afrontará la oleada de crueldad a lo largo de el siguiente sexenio. El aumento de los asesinatos dolosos, que llegó a los 34.000 a lo largo de el último año, dejó al 2018 como el peor en estadísticas. Las resoluciones proposiciones por López Obrador para agarrar este inconveniente, no obstante, no dejaron de crear disputa.

Al tratarse de una modificación a la Constitución, el emprendimiento del Gobierno tendrá que en este momento ser aprobado en por lo menos 17 de las 32 legislaturas estatales, en las que Morocha tiene mayoría en por lo menos la mitad de ellas. Conmemorada este miércoles por el presidente, la reforma va a estar bajo la mira de las incontables profesionales que advirtieron contra ella. “En unos años vamos a comenzar a ver las consecuencias de esta decisión”, dice Alanis Figueroa.

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